El campesinado pobre se moviliza
Décimo Sexta Marcha Campesina
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Reforma agraria contra el latifundio
Castigados por la sequía Agobiados por deudas Precios bajos de los productos Sacudidos por la crisis mundial
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23 y 24 de Marzo de 2009 Federación Nacional Campesina
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Introducción
La décimo sexta marcha campesina se realiza en el marco de una coyuntura bastante crítica para el campesinado pobre: a la pérdida de un gran porcentaje de los cultivos de renta y de consumo básico, por causa de la sequía que azotó a bastas zonas del país, se le suma la crisis económica mundial cuyos efectos se expresan en la caída de los precios de los productos de renta (algodón, sésamo, caña de azúcar, productos frutales y hortícolas, etc.), así como el aumento del precio de los insumos que el pequeño productor tiene que adquirir para llevar adelante la producción (herramientas, semillas, fertilizantes, agroquímicos).
La crisis económica mundial constata, una vez más y principalmente sobre las espaldas de los pobres, las características del modelo de Estado totalmente dependiente que tiene nuestro país de los países imperialistas, donde esta crisis comenzó y hoy arrastra al mundo entero. Nuestra economía depende básicamente de la exportación de materia prima con nulo o bajo valor agregado y un sector comercial de reexportación de productos industrializados introducidos al país de contrabando o de forma subvalorada (triangulación comercial). Las consecuencias están a la vista: una dependencia casi absoluta de los términos desiguales del intercambio internacional y un mercado interno desorganizado y subdesarrollado, con desempleo y pobres cada vez más pobres. Este es el modelo histórico de nuestro país desde la guerra de la Triple Alianza mantenido a favor de una pequeña oligarquía terrateniente, financiera y comercial, asociada a intereses transnacionales, y sostenido por una estructura política de corrupción, llamada “democracia representativa”, que se inicia en los centros de poder internacional y termina en la administración estatal nacional.
El gobierno de Fernando Lugo llegó al poder sobre los escombros del Partido Colorado que durante 61 años seguidos sirvió a los intereses imperialistas y a la oligarquía local para saquear el Estado paraguayo. El discurso de cambio preponderó durante la contienda electoral e inundó de esperanzas el imaginario futuro del Paraguay, con promesas de Reforma Agraria, Trabajo, Salud, Educación, Combate a la Pobreza y Soberanía Energética; pero lentamente, estas ilusiones parecen esfumarse y alejarse hacia el horizonte de postergaciones y sufrimiento de la mayoría del pueblo paraguayo.
El cambio que los campesinos pequeños productores, los sin tierra, los obreros, trabajadores, los docentes, las mujeres, los estudiantes y el pueblo en general, queremos, es aquel que busca el bienestar de toda la población; aquel que concreta el desarrollo de las capacidades y la satisfacción de las necesidades esenciales de cada uno de los individuos de nuestra sociedad. Ese cambio es necesariamente el cambio de la visión y misión del Estado; cuya administración ponga en marcha un nuevo modelo económico que beneficie a la mayoría.
Un modelo económico que impulse el desarrollo nacional, con bases materiales fundadas en el desarrollo productivo, agrícola e industrial, cuya construcción estamos esperando que este Gobierno lleve adelante.
La crisis histórica de los pequeños productores: La concentración de la tierra y el monocultivo de la soja
El problema de la tierra es de larga data en nuestro país. Después de la Guerra de la Triple Alianza y a principios del siglo XX, el Estado paraguayo inició un proceso de enajenación masiva de las tierras públicas, con el pretexto de aumentar los ingresos estatales, en principio para pagar los costos de la guerra y luego para invertir en el desarrollo nacional. Así miles de hectáreas pasaron a manos de empresas transnacionales brasileñas, argentinas, francesas e inglesas, que explotaban la yerba mate, producían tanino o extraían madera, sin que el Estado haya obtenido algún beneficio de las mismas.
La primera institución creada, a mediados del siglo pasado, para atender el problema del acceso a la tierra fue el Instituto de la Reforma Agraria (IRA), de corta duración, ya que fue sustituida por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y como parte del apoyo de la Alianza para el Progreso de los EE.UU., llevó adelante un largo proceso de reparto de tierra y colonización cuyo resultado principal es una de las peores concentraciones de tierra existente en la región y en el mundo: Casi el 80% de las tierras explotables están en manos del 1% de la propietarios.
Entre los años de 1950 y 2000, el IBR repartió 11.883.262 hectáreas, de los cuales el 74% fue para personas que no eran sujetos de la reforma agraria: políticos, militares y funcionarios estatales (4.086 personas) y sólo el 26% fue para los campesinos (160.467 personas). Con esta relación se calcula que el total de campesinos sin tierras excluidos del acceso a la tierra por la política del IBR sería de 149.775 personas.[1] Por otro lado, desde 1962 se establecieron alrededor de 1.250 colonias rurales, de los cuales el 70% se formaron como consecuencia de ocupaciones campesinas antes que debido a la política del IBR. Las tierras que hoy poseen la mayoría de los pequeños productores la adquirieron durante las décadas florecientes del algodón (años 70 y 80).
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra (INDERT), de funcionamiento más reciente y que sustituyó al IBR, ha tenido una intervención marginal en este problema, limitado principalmente por la falta de recursos, el propio Estatuto Agrario y la Constitución Nacional vigente, que plantea la expropiación de los latifundios solo con decisión parlamentaria y con indemnización a precios de mercado.[2]
Obviamente que, estas políticas no tienen nada que ver con un proceso de Reforma Agraria. Por el contrario, son políticas que claramente han ayudado a consolidar la tremenda desigualdad de la estructura agraria latifundio – minifundio existente en nuestro país, donde la tierra es tomada como un activo de capital para su atesoramiento y/o especulación (Ahorro, equilibrar los riesgos de la inflación, protección contra las crisis bancarias o financieras, como prestigio social y poder político).
En la Región Oriental de nuestro país existen alrededor de 15,2 millones de hectáreas, de las cuales solo unas 2.100.000 hectáreas están en manos de campesinos pequeños productores. Más de 3 millones de hectáreas utilizan la agricultura mecanizada, fundamentalmente para el cultivo de la soja. Poco más de 6 millones de hectáreas ocupan la ganadería que se desarrolla mayoritariamente de forma extensiva, de las cuales casi la mitad son aptas para la agricultura.[3] Las hectáreas restantes, unas 2 millones de hectáreas, son bosques y tierras aun sin usar. Algunos informes internacionales relatan que aun existirían unas 9 millones de hectáreas aptas para la agricultura, pero que gran parte de ellas se encuentran en manos de latifundistas, sin ningún uso intensivo.
Desde 1991 al 2002, las propiedades de explotaciones sojeras crecieron un 75,5%, llegando a la actualidad a más de 2.600.000 hectáreas. El crecimiento del cultivo de la soja se viene dando no solamente sobre las tierras de los pequeños productores, sino también sobre la superficie ociosa de la ganadería extensiva. Lamentablemente el monocultivo de la soja aporta poco o nada al desarrollo de nuestro país: exceptuando el porcentaje marginal utilizado para moler o fabricar aceite, los granos salen del país sin contribuir con el Estado y con nulo valor agregado. Por el contrario, su producción y exportación, perjudica seriamente la salud de la población campesina y de los animales domésticos, y destruye los recursos naturales (tierra, agua y bosques), provocados por la forma de cultivo y los millones de litros de hervicidas (Glifosato y Paracuat) vertidos en el ambiente.
A esta situación de concentración de la tierra en pocas manos y el avance de la agricultura mecanizada se le suma la falta de apoyo integral a la producción de menor escala por parte del Estado, aspecto que debe traducirse en políticas crediticias acorde a la producción del sector, asistencia técnica, información de mercado, apoyo a la comercialización, organización de cadenas productivas e industrialización de los productos agrícolas.
Asimismo, el olvido estatal es tan patente que la mayoría de las comunidades campesinas no tienen agua potable, luz eléctrica con la potencia necesaria, servicios de salud e infraestructura y educación de calidad, y ya ni que decir de caminos de todo tiempo para trasladar los productos o buscar atención a la salud en caso de emergencia.
La crisis mundial y la situación actual de los pequeños productores
El sistema capitalista periódicamente entra en crisis debido a las contradicciones que le son esenciales, tales como: la explotación de los trabajadores y la anarquía de la producción. Por un lado, con las relaciones de explotación los dueños del capital presionan permanentemente sobre el ingreso de los trabajadores con el fin de aumentar la ganancia, lo que resulta en la disminución del consumo, la precarización y el aumento de la pobreza; por otro lado, la producción es anárquica y desordenada porque cada empresa capitalista procura tener mas mercado produciendo más y más, sin importar mucho qué y cómo, persiguiendo siempre obtener más ganancia. Estas características propias del sistema hacen que cada cierto tiempo se produzca una crisis de “sobreproducción” por la disminución del consumo de los bienes producidos. Al disminuir la demanda de los productos las empresas disminuyen sus ganancias, despiden trabajadores, y así, tanto empresas como trabajadores no pueden pagar sus deudas y entonces el sistema financiero también entra en crisis. La crisis del sistema financiero es resultado de la crisis en la producción.
Esto fue lo que pasó en EE.UU desde finales de la década pasada, y trataron de solucionar el problema de la disminución del consumo a través del sistema financiero. Pero como este sector prácticamente no tiene regulación y funciona fundamentalmente de forma especulativa, al cabo de unos años terminó en una gran crisis arrastrando tras de sí a la mayoría de los sectores económicos y a sus vez a las economías del mundo.
En nuestro país la crisis comenzó a sentirse desde noviembre del año pasado y está recrudeciendo actualmente aunado con otros factores como los climáticos y la falta de política hacia la producción del gobierno actual. Entre los problemas más sentidos se encuentran la caída del Ingreso Nacional (este año vamos a retroceder económicamente), la importante disminución de las remesas enviadas por los compatriotas que trabajan en el exterior, el desplome de los precios de los productos agrícolas de renta, el aumento del desempleo y por ende de la pobreza. Las primeras estimaciones apuntan que se perderían alrededor de 100 mil empleos, además de la precarización de los ya existentes, cifra similar al número de empleos que nuestro país necesita anualmente para responder a la demanda de los jóvenes campesinos y urbanos por trabajo. La combinación del desempleo, la caída de los ingresos, la reducción de las remesas y la falta de una política anti-crisis orientada realmente al sector productivo hará que unos 300 mil nuevos pobres se sumen a los ya existentes. Del total de pobres en nuestro país, alrededor del 60% (unas 1.300.000 personas) son pobres extremos, es decir, ni siquiera se alimentan bien.
En el campo, los pequeños productores, abandonados hasta hoy a su suerte por la inasistencia estatal han tenido que soportar una fuerte sequía que prácticamente ha liquidado la producción de renta y de autoconsumo en muchas zonas del país: Si bien el nivel de perdida no es homogénea en todos los casos, una primera estimación realizada por los compañeros de nuestra organización (que debe ser corroborada por los organismos pertinentes) denuncia una perdida del: 90% en Itapúa; 70% en Misiones; 70% en algunas zonas de San Pedro como Rosario por ejemplo, 40% en Canindeyú; 70% en Caazapá; 60% en Caaguazú; 50% en Concepción; 70% en Paraguarí; 60% en Guaira y 60% en Central en algunos rubros. En este caso, la pérdida de los productos de consumo alimentario es lo más grave (maíz, poroto, mandioca, etc.) porque hasta que llegue el próximo periodo de zafra pasarán casi 8 meses y las familias campesinas de escasos recursos no tendrán que comer.
El bajo precio de los productos agrícolas es otro aspecto que está agravando la situación económica de los campesinos pequeños productores; en muchos casos ni siquiera se pudo levantar la cosecha porque hubiera provocado más pérdidas por los bajos precios ofrecidos en el mercado a los productos agrícolas. Estos precios bajos se mantienen y no muestran signos de mejorar por la crisis mundial. Por el algodón en rama se ofrece entre 800 a 1.000 guaraníes el kilo, mientras el año pasado se pagaba a 2.500 guaraníes en promedio; por el sésamo se ofrece 3.000 a 3.500 guaraníes el kilo, mientras el año anterior llegó a 10.000 guaraníes; y por la caña de azúcar se ofrece 50.000 guaraníes la tonelada y el año pasado se pagaba entre 98.000 y 108.000 guaraníes.
En un estudio propio realizado por la FNC a finales del 2007 y comienzos del 2008, con el objetivo de realizar una campaña interna para el pago de las deudas al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), se encontró que más del 90% de los pequeños productores de los departamentos de San Pedro y Caaguazú estaban agobiados por deudas de diversos tipos. Esta situación había mejorado sensiblemente hacia Junio/agosto del 2008 según datos aportados por el CAH. Sin embargo, con el endeudamiento de la zafra 2008/09, aunado a la pérdida de los productos de renta y los bajos precios la situación volverá a empeorar para mayo/junio, cuando se cumplan los plazos para devolver a las instituciones públicas y privadas el dinero prestado. La mayoría de los productores no tendrán con que, abultando sus deudas y perdiendo la posibilidad de acceder a nuevos créditos para iniciar la próxima zafra.
Porcentaje de pequeños productores endeudados | ||
| San Pedro | Caaguazú |
Endeudados | 94,6% | 91,2% |
CAH | 86,7% | 90,5% |
ANDE | 34,2% | 13,2% |
Casa Comerc. | 16,6% | NS |
Financieras | 1,6% | NS |
Particulares | 8,1% | 11,8% |
Endeudados con el Crédito Agrícola
11.270 prestatarios de la FNC endeudados
49.096 pequeños productores endeudados con la zafra 2007/08.
71.232 pequeños productores están con deudas vencidas
Fuente: FNC, CAH, 2008
La política estatal del gobierno actual y el “Plan Anticrisis”
En el mismo “Plan Estratégico Económico y Social” de este gobierno el compromiso para el desarrollo de la producción nacional es totalmente ambiguo, al partir de una crítica al sector agro exportador que no genera empleo, la falta de infraestructura, la baja capacidad de la fuerza de trabajo, la corrupción, etc., sin embargo, en la propuesta se desentiende de un papel verdaderamente interventor para impulsar con fuerza esta necesidad prioritaria para el país, dejando a la iniciativa privada la superación de estos problemas, teniendo el Estado un “papel regulador y creador de las condiciones para la inversión privada”, retazos de gastados paradigmas liberales que han quedado sepultados con la crisis mundial.
Un triste ejemplo de las improvisaciones del gobierno y su falta de claridad y compromiso para definir políticas de Estado constituye la Coordinadora Ejecutiva Para la Reforma Agraria (CEPRA). Ante la presión de las organizaciones campesinas por el cumplimiento de la promesa electoral de llevar adelante la reforma agraria en nuestro país, el gobierno actual conformó una pretendida coordinación de instituciones estatales, liderada por el INDERT cuya misión básicamente está orientada a responder a las necesidades de servicios básicos (agua, electricidad y saneamiento), infraestructura de salud, educación, y caminos, de unos 60 asentamientos campesinos priorizados en los distintos departamentos de la región oriental del país. Como era de suponer de una iniciativa institucional no prevista presupuestariamente, la CEPRA rápidamente “quedó sin combustible” y agoniza con pocas perspectivas entre el boicot de algunos ministerios y la arremetida en su contra de sectores la oligarquía. El asentamiento de San Juan de Puente Kyhá, Canindeyú, muestra la debilidad de toda la política gubernamental y de las instituciones como el INDERT y la CEPRA, que no han podido instalar en las tierras públicas a sus legítimos dueños, los pequeños productores sujetos de la reforma agraria, por la negativa de los sojeros que amparados en resoluciones judiciales se han apropiado y procurado permanecer ilegalmente en las mismas.
Ante la crisis que ya se extendió a todos los sectores económicos del país, el gobierno presentó un “Plan Anticrisis” definido en cuatro fases: 1) Medidas en los sectores financieros y fiscal, ejecutado desde octubre de 2008, 2) Generación de empleos y protección a los más vulnerables mediante una política fiscal expansiva, 3) Medidas para satisfacer las necesidades financieras y crediticias de los sectores productivos, y 4) Medidas adicionales para la concreción de préstamos de contingencia y realización de concesiones. Según informaciones del Ministerio de Hacienda, para llevar adelante las diferentes medidas se tiene unos U$S 565 millones (propios y externos), otros U$S 900 millones deberían ser aprobados por el Congreso, además de la posibilidad de contar con unos U$S 500 millones del BID para eventuales problemas de liquidez.
Si bien el gobierno afirma que desde octubre viene implementando medidas en función de un “Plan Estratégico”, no nos queda claro que las mismas sean realmente un plan sólidamente articulado, en el cual esté relativamente establecido un diagnóstico sobre los efectos de la crisis en nuestro país, cuales serían las necesidades más imperiosas, y sobre estas, las medidas de políticas a implementar, así como los resultados concretos que se procuran obtener, además de la integración de un programa de recuperación de la producción, el empleo y los ingresos. Un “Plan Estratégico” debería contener claramente las medidas integrales para afrontar la crisis y las políticas y programas de recuperación productiva, claramente establecidas e informadas a la población.
Vemos que las medidas estás fuertemente orientadas al sector financiero y a dotar de liquidez al mismo. La reducción, en octubre de 2008, del Encaje Legal de los depósitos en dólares y en guaraníes para que los bancos tuvieran una liquidez de U$S 120 millones ante la contracción del crédito, tuvo como resultado la salida de esta misma cantidad de dinero al exterior realizada por los bancos a los cuales se quería ayudar. Esta pendiente la posibilidad de contar con U$S 500 millones más para lo mismo. Seguramente, este monto también se perderá en el ámbito de la especulación y la ganancia privada de los bancos que operan en nuestro país, sin que estos dólares se conviertan en créditos para la producción.
¿Se aumentará el endeudamiento estatal, que todos pagamos, para ver como las autoridades del ejecutivo, fácil y alegremente obtienen fondos del exterior, para engordar los bolsillos de los banqueros privados en nombre de una liquidez que irá a parar de nuevo al exterior?
¿Cuántas cadenas productivas o polos de desarrollo podrían impulsarse con 500 millones de dólares, que a tanta gente beneficiará?
Que lamentable es la mentalidad colonialista, oligárquica y pro-imperialista de las autoridades del Ministerio de Hacienda y del BCP. La utilización de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) concretiza el mecanismo especulativo de los bancos privados y el Estado, al no distribuir en créditos la enorme liquidez que tienen los bancos, prefiriendo canalizarlos cómodamente al BCP que le paga jugosos intereses por lo mismo ¿Será que la ortodoxia liberal no tiene luego otro libreto?
Una parte muy importante de las medidas están basadas en el endeudamiento externo. Si bien nuestro país tiene un nivel de endeudamiento no tan importante como porcentaje del PIB, con estos préstamos en gestión estaremos alcanzando de nuevo el equivalente a una cuarta parte del PIB. Lo más grave es que la mayor parte de estos recursos nunca llegarán a impactar efectivamente en los procesos productivos y en la economía nacional, aunque luego la deuda la paguemos todos.
Como siempre, el gran ausente de las políticas es el sector productivo, especialmente el de la agricultura de los pequeños productores, que para disimulo, algunas migajas tendrá. El “Plan Anticrisis” no contempla una intervención directa del Estado en este sector estratégico y menos aún una política clara de recuperación de la producción que con esta crisis será el realmente afectado.
Esta crisis económica podría constituir una oportunidad histórica para este gobierno en un compromiso real por el país y por las grandes transformaciones que necesita para por fin transitar en la senda de un crecimiento productivo, agrícola e industrial, que empuje hacia el desarrollo nacional; sin embargo, el modelo sigue igual y no se avizora señal alguna que el anhelado cambio se llegue a concretar
La Federación Nacional Campesina (FNC) rechaza el “Plan Anticrisis” del gobierno por orientarse fundamentalmente al sector financiero, sin políticas sólidas para el sector productivo nacional en su conjunto (agrícola e industrial) y sin atender a la mayoría de la población, que es la que realmente va a sufrir los efectos de la crisis.
Propuestas generales para enfrentar la Crisis
SECTOR | MEDIDAS |
Agrícola |
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Industrial
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De la Construcción |
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Financiero |
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Comercial |
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Servicios |
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Propuestas generales para reactivar la producción[4]
Política de Reforma Agraria
- Reforma de la Constitución Nacional para la expropiación de los latifundios.
- Distribución de la tierra y creación de nuevos asentamientos.
- Acceso a todos los servicios básicos: agua, luz eléctrica, educación, salud y vivienda.
- Construcción de infraestructura de comunicación y transporte.
- Planificación y apoyo técnico y financiero a la producción según necesidades del mercado interno y su relación con cadenas productivas.
Política de defensa e impulso de la producción nacional agrícola
- Organización y apoyo a las cadenas productivas.
- Programa nacional de incorporación de semillas mejoradas a través de la investigación, hibridación y selección de semillas adaptadas a las condiciones nacionales, fortaleciendo el Instituto Agronómico Nacional y otras instituciones complementarias de apoyo a la producción.
- Programa nacional de recuperación de suelo, con enriquecimiento de suelos, rotación de cultivos y usos de semillas para mejoramiento de suelos.
- Créditos productivos para capital de trabajo (corto plazo) y para introducción de tecnología (largo plazo)
- Asistencia técnica a través de la DEAG y relacionada con la provisión de créditos
- Seguro agrícola mediante el aporte de los pequeños productores y el Estado.
- Fortalecimiento de la Banca Pública, especialmente del CAH, con líneas de créditos o ventanillas diferenciadas por rubros y según las necesidades de los pequeños productores.
- Impuestos a la exportación de materia prima que no se transforma o no incorpora valor agregado.
- Organización del mercado interno para los productos nacionales.
- Información, orientación y asistencia estatal sobre el mercado de los productos nacionales
- Protección del mercado interno.
- Eliminación del contrabando.
- Medidas radicales de protección de los asentamientos humanos, del medio ambiente y de los recursos naturales, ante el avance de la sojización, la deforestación y otras formas agresivas y contaminantes de producción.
Política de defensa e impulso de la producción nacional industrial
- Determinación y desarrollo de sectores estratégicos, tales como el de alimentos, textil, cueros, metalmecánico y otros, ligados a cadenas productivas.
- Agrupación de pequeñas empresas por sectores o cadenas productivas.
- Impulso a la industrialización y transformación de los productos primarios producidos en nuestro país.
- Promoción y desarrollo estatal de la infraestructura industrial, tales como: parques industriales, servicios básicos, tecnologías de comunicación, infraestructura vial, y servicios de apoyo empresarial a las pequeñas y medianas empresas.
- Capacitación de la fuerza de trabajo en niveles técnicos y mandos medios.
- Provisión de energía eléctrica abundante y barata.
- Acceso crediticio para capital de trabajo y transformación tecnológica, en forma preferencial para la industria nacional.
- Reinversión controlada de una parte de la ganancia de aquellas empresas cuya reactivación fueran apoyadas por el Estado
- Protección del mercado interno.
- Eliminación del contrabando.
- Cumplimiento de las leyes laborales en todos los aspectos relacionados a la jornada laboral, salario mínimo, horas extras y vacaciones, seguro social, y bonificación familiar, así como lo relacionado a las condiciones de peligrosidad e insalubridad permanente en los puestos de trabajos.
- Política salarial para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, con mediciones reales de la canasta básica, recuperación del poder adquisitivo del salario y generalización de salario mínimo para los que no lo han alcanzado.
- Respeto a las leyes y a la libertad de organización sin persecución sindical.
CADENA ALGODÓN TEXTIL CONFECIONES
Industrias de los sectores algodón-textil: 44 industrias
Cámara Algodonera del Paraguay: 13 industrias
Cámara Textil: 6 industrias
Ocupación de mano de obra directa en la producción agrícola: 447.000 personas (estimación 2003/4)
Ocupación de mano de obra directa en las industrias del sector (estimación) Algodón-Textil: 2.600 personas (campaña 2003/4)
Confecciones: 26.000 personas
Artesanía textil: 10.000 personas
Industrias confeccionistas:
21 o más máquinas = 100 empres.
6 a 20 máquinas = 800 empres.
Menos de 5 máquinas = 1560 microempresas
Asociadas a la Asociación Industrial de Confeccionistas: 95 empresas
SITUACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA
Industrias asociadas a la Cámara: 7
Industrias identificadas: 63
- 16 heladerías,
- 44 industrias lácteas,
- 3 fraccionadoras de leche en polvo importada.
Estimación de tambos: 8.500
Estimación de ocupación de mano de obra directa en la producción primaria: 43.000 personas
En industrias asociadas a la Cámara: 4.217 personas
Mano de obra directa ocupada en la cadena: 50.207 personas
Algunos ejemplo de cadenas productivas
Fuente: MIC, PR 100
Cadena Metalmecánica.
La industria metalmecánica del Paraguay asume su mayor importancia en ser la proveedora de bienes de capital (maquinarias, equipos, instalaciones) de los demás sectores industriales, por lo tanto su crecimiento está fuertemente unido al crecimiento de los demás sectores. Este hecho se refuerza en que el sector no es exportador, por lo tanto casi la totalidad de su producción se utiliza en el mercado local. Según los datos del Censo Industrial 2002, del total de 3.745 industrias del país, el sector metalmecánica cuenta con 887, de las cuales 380 (43%) se encuentran en Asunción, 359 (40%) en el Dpto. Central y 148 (17%) en el interior del país. En cuanto a la ocupación de mano de obra el sector metalmecánica emplea 6.812 personas (10,2 %) sobre un total de 66.927 personas de la industria en general. Un hecho destacable es que el 86,4 % de la industria metalmecánica cae el segmento de menos de 10 trabajadores, es decir que es prácticamente microempresa, desde el punto de ocupación de mano de obra. El 7,3% ocupa de 11 a 19 trabajadores, el 4,7 % de 20 a 49 y solo el 1,6 % de empresas emplean más de 50 personas.
Fuente: PR 100 MIC
Fuente: PR 100 MIC
Fuente: PR 100 MIC
Política de desarrollo de infraestructura con uso intensivo de Mano de Obra
- Investigación exhaustiva sobre la corrupción y latrocinio de los recursos destinados a la inversión en infraestructura en general.
- Saneamiento administrativo e inversión inmediata para la modernización y ampliación de la producción de la INC.
- Re-estatización e inversión en Aceros Paraguayos para su modernización y ampliación de la producción..
- Inversión en nuevas obras viales para mejorar la accesibilidad de las comunidades y las zonas productivas.
- Conformación de una estructura nacional, departamental y municipal para el mantenimiento y control de los caminos vecinales.
- Construcción de infraestructura de salud y educación.
- Construcción de viviendas de interés social para generar empleo masivo y paliar el déficit acumulado.
- Construcción de infraestructura de servicios básicos
- Coordinación interinstitucional para la construcción de infraestructuras productivas
- Coordinación interinstitucional para la construcción de infraestructura de edificios públicos y municipales.
Política de acceso universal a los servicios básicos
- Fortalecer administrativa y financieramente las empresas públicas prestadoras de servicios.
- Liberarlas de normativas que limitan su amplio desarrollo para impulsar el progreso nacional.
- Conquista de la soberanía sobre las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyreta.
- Construcción de la infraestructura eléctrica de transformación y distribución de la electricidad como servicio de calidad.
- Ofertas diferenciadas y preferenciales de la electricidad para el sector productivo y la población de escasos recursos.
- Proyectos eléctricos especiales para la industria y el uso doméstico.
- Implementar la provisión de agua potable a todas las comunidades del país
- Expandir la telefonía fija a todas las comunidades del país.
Política de educación pública gratuita y de calidad
- Mejorar la capacidad administrativa y de gestión del MEC para elaborar y ejecutar los presupuestos, ya que la incapacidad no puede ser un justificativo para no aumentarlos.
- Aumento presupuestario de forma paulatina y sostenida hasta llegar como mínimo al 8% del PIB, según planes y programas bien determinados.
- Eliminación del cobro de todo tipo de aranceles: matricula, derecho a examen, visaciones, títulos, computación, materiales didácticos, contribuciones, servicios, limpieza, etc.
- Provisión de rubros para construcciones, ampliaciones, servicios básicos, equipamientos, comunicación (Teléfono e Internet), bibliotecas, insumos, materiales didácticos y de enseñanza.
- Reglas claras en el proceso de selección para la incorporación de los docentes.
- La incorporación de contenidos adecuados a la realidad y relacionados con nuestra identidad y valorización de nuestra patria.
- La simplificación de los registros y de las formalidades que no aportan al aprendizaje, y falsean y recargan el proceso de enseñanza.
- La provisión del cumplimiento nutricional y la atención odontológica.
- Cumplimiento de la Ley No 1.725 del Estatuto del Educador, con la implementación de la Jornada Única y la Carrera Profesional Docente
- La implementación de un sistema de formación continua y revisión de la formación docente de instituciones privadas.
- Implementación del boleto estudiantil para estudiantes universitarios.
Política de salud universal y gratuita
La propuesta debe ser amplia y compleja pasando por una enunciación filosófico – política del sistema que defina un Sistema Nacional de Salud determinante y de atención integral, por el cual el accionar del Estado se comprometa y se concentre sin dubitaciones, buscando consensos básicos, pero por sobre todo realizando; el cambio de actitud y formación de los recursos humanos; el planteamiento de programas prioritarios y urgentes; la realización de políticas de prevención con el involucramiento de muchos sectores, en especial el educativo; la cooperación entre los distintos subsistemas; el aumento radical en el presupuesto público; el mejoramiento acelerado en la capacidad de gestión por parte del Ministerio para operar los programas; la dotación de infraestructura, equipamientos e insumos de distintos niveles y de acuerdo a un criterio territorial de demanda poblacional; así como el traslado masivo de recursos humanos (que hoy aparentemente no existen) a las zonas más carenciadas del país; son algunas de las medidas de urgencia para el nuevo sistema.
Política de salud materna e infantil
- Implementación prioritaria de este Decreto, de acuerdo al carácter de las instituciones sanitarias, Hospitales, Centros y Puestos de Salud, precautelando que la implementación no vaya en desmedro de la cesantía de profesionales o limitaciones de otros servicios, debido a que la gratuidad, disminuiría la obtención de recursos por parte de los centros hospitalarios locales.
- La no utilización de esta conquista de las mujeres pobres como propaganda de ningún tipo por parte de los gobiernos de turno.
- La no incidencia de los Consejos de Salud para limitar la implementación del Decreto.
- Ampliación presupuestaria para contratación de personal, especialmente pediatras, gineco-obstetras, obstetras, neonatólogos, cirujanos, técnicos, clínicos, bioquímico, enfermeras, licenciadas y auxiliares en las diferentes regiones sanitaria, hospitales, centros y puestos de salud del país; así como también para los rubros de las construcciones y equipamientos adecuados.
- Incorporación en el Reglamento del Presupuesto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la especificación del cumplimiento pleno de lo establecido en el Decreto No. 10.540, que dispone “la gratuidad de la atención a embarazadas y recién nacidos en todos los establecimientos asistenciales dependiente del M.S.P.B.S.”
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[1] Fuente: Congreso de la Nación, Informe presentado al Procurador General de la República, Nov. 2004
[2] Difícilmente la expropiación de los latifundios tendría éxito con el Parlamento actual. En el caso de que esto ocurriera, haga la cuenta de cuanto le costaría al Estado paraguayo alrededor de 2 millones de hectáreas para 100 mil Sin Tierras, a unos 4 millones de guaraníes la hectárea, que es lo que cuesta en promedio la tierra en la Región Oriental (Unos 8 billones de guaraníes).
[3] Según datos de SENACSA (2007) en la región oriental existen poco más de 6 millones de ganado vacuno, lo que equivale a una vaca por hectárea.
[4] Gran parte de esta propuesta ya fue presentada en ocasión del Congreso “Por un país para la mayoría” (4 y 5 de Septiembre de 2008)
